Cuánto tiempo se pueden guardar las grabaciones de seguridad

La regla del mes

La imagen de una persona es un dato personal, y por eso no puede guardarse para siempre. La Ley Orgánica 3/2018 establece que las grabaciones con fines de videovigilancia se suprimen en el plazo máximo de un mes desde su captación. Es el mismo plazo que ya fijaba la histórica Instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos, que sigue vigente en este punto. Se aplica a casi todas las cámaras: las de una vivienda, las de una comunidad de vecinos, las de un comercio o las de una empresa. Quién puede acceder a esas imágenes durante ese mes lo desarrollamos en la guía sobre quién puede ver las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Hay un matiz que sorprende: la ley marca un máximo, pero no un mínimo. Si con siete o quince días basta para la finalidad de seguridad, el sistema puede configurarse para borrar en ese plazo, y de hecho cumple de forma más estricta con el principio de minimización de datos. La consecuencia práctica es importante: cuando ocurre un incidente, no conviene dar por hecho que la grabación seguirá ahí semanas después. El reloj corre desde el primer día.

Qué pasa cuando se cumple el plazo

Los grabadores modernos no necesitan un borrado manual. Se configuran con una grabación cíclica: cuando el disco se llena o se cumple el plazo, el sistema sobrescribe las imágenes más antiguas con las nuevas. En la práctica, la grabación de hace un mes desaparece sola. Por eso conservar imágenes por si acaso, más allá del plazo y sin una causa, no es legal: la Agencia es clara en que el almacenamiento indefinido es un tratamiento desproporcionado.

La excepción es que las imágenes capten un hecho que atente contra la integridad de personas, bienes o instalaciones, como un robo, un acto de vandalismo o una agresión. En ese caso no solo se pueden conservar, sino que existe el deber de comunicar la existencia de la grabación y ponerla a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de 72 horas. A partir de ahí, esas imágenes pasan a un estado de bloqueo: se guardan, pero ya no se tratan para otra cosa que no sea entregarlas a la policía o al juzgado.

Cuánto se puede conservar en cada caso

Pedir una grabación antes de que se borre

Aquí está la clave práctica de todo el plazo. Si has sufrido un incidente y quieres las imágenes como prueba, el momento importa tanto como el derecho. La persona afectada puede ejercer su derecho de acceso para obtener una copia de sus propios datos, pero debe hacerlo antes de que transcurra el plazo de 30 días, para asegurarse de que el responsable recibe la solicitud antes de suprimir las imágenes. Si hay un posible delito, lo habitual es presentar primero una denuncia y, a partir de ahí, serán la Policía, la Guardia Civil o el juzgado quienes requieran las imágenes dentro de la investigación.

Lo que ocurre cuando una solicitud llega a tiempo es determinante, y hay una resolución que lo ilustra. La Agencia analizó el caso de una persona que comunicó un accidente en un establecimiento y, después, solicitó las imágenes; la empresa las borró alegando que no le constaba la petición. La Agencia razonó que el plazo para responder a una solicitud de acceso es un máximo, de modo que, una vez se tiene constancia de la solicitud, ya no queda justificada la eliminación de las imágenes. La sanción fue de 170.000 euros. La lectura es sencilla: presentar la solicitud antes del borrado activa una obligación de conservar.

• Actúa cuanto antes. El reloj corre desde el día de la captación, no desde que te decides.
• Pon la denuncia si hay delito. Suele ser el paso previo para que la autoridad requiera las imágenes.
• Dirige la solicitud al responsable. Por escrito, a la dirección que figura en el cartel de zona videovigilada.
• Concreta la fecha y la hora. Acotar el intervalo facilita localizar y reservar tus imágenes.
• Guarda el acuse de recibo. Es la prueba de que pediste a tiempo, antes del borrado.

Cuándo se puede guardar más de un mes

Salvo el bloqueo por un incidente, conservar imágenes durante meses solo se admite en supuestos muy justificados, como las entidades bancarias o las infraestructuras críticas, donde la propia normativa sectorial puede fijar plazos superiores. Para una vivienda, una comunidad o un comercio, el mes es la referencia, y rebasarlo sin causa es un tratamiento desproporcionado. La comunidad o la empresa, como responsable, debe dejar constancia del plazo en su Registro de Actividades de Tratamiento, junto con las medidas de seguridad del sistema.

Hay un detalle técnico que decide si una grabación sirve de algo: la hora del grabador. Si la sincronización horaria es incorrecta, el plazo de los 30 días se calcula mal y, lo que es peor, la validez de la imagen como prueba puede quedar en entredicho. Conviene revisar que el equipo registra la fecha y la hora correctas y que el ciclo de borrado funciona. El conjunto del marco legal de una alarma lo tienes en la guía de normativa de alarmas, y las reglas propias de las cámaras de garajes y zonas comunes, en la guía sobre cámaras en garajes y zonas comunes.