Permanencia en alarmas: qué dice la ley y cuánto cuesta darte de baja en cada compañía

Hay una frase que ha vendido más alarmas en España que ningún argumento de seguridad: «el equipo, gratis». Y hay una segunda frase, mucho menos publicitada, que suele aparecer dos años después, cuando alguien intenta cambiar de compañía o simplemente darse de baja: «tiene usted una penalización de X euros por incumplimiento de permanencia». Entre esas dos frases hay un contrato entero que casi nadie lee, y esta guía existe para que lo entiendas antes de firmarlo, no después.

No vamos a decirte que la permanencia sea un abuso ni que sea gratis salir de ella: vamos a explicarte exactamente qué dice la ley, cómo se calcula de verdad una penalización, y qué plazo y qué fórmula aplica cada una de las grandes compañías del sector en España, con cifras contrastadas, no con el titular de un anuncio.

Qué es la permanencia y por qué existe (de verdad)

La permanencia es la cara B de la instalación «gratis» o subvencionada. Cuando una compañía te regala o te rebaja fuertemente el equipo y la instalación, no lo hace por generosidad: lo hace porque recupera esa inversión con las cuotas mensuales de los meses siguientes. La permanencia es, en esencia, el plazo mínimo que la compañía necesita facturarte para no perder dinero contigo. Es una lógica de financiación encubierta, y entenderla así —no como un capricho contractual— es la clave para leer cualquier condición de baja con criterio.

Eso tiene una consecuencia directa que pocas veces se explica con esta claridad: cuanto menos te regalen al entrar, menos justificación legal tiene una permanencia larga. Si pagas el equipo al contado o una instalación a precio de mercado, una cláusula de permanencia de tres años es mucho más difícil de sostener jurídicamente que si te han regalado un kit completo de varios cientos de euros.

Qué dice la ley española sobre la permanencia

La permanencia en un contrato de alarma es legal. Ningún organismo de consumo la prohíbe, y la propia Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007, TRLGDCU) reconoce que las empresas pueden fijar compromisos de duración cuando existe una contrapartida real para el cliente. El problema nunca es que exista permanencia: el problema es cuándo esa cláusula se aplica mal, y ahí es donde la normativa marca líneas muy concretas.

• Debe estar justificada por una ventaja económica real. Solo se puede exigir permanencia si a cambio has recibido algo con valor: equipo gratuito o subvencionado, instalación bonificada. Sin esa contrapartida, una cláusula de permanencia pierde su base legal.
• Debe informarse con claridad antes de firmar. No puede esconderse en una nota a pie de página con letra diminuta ni mencionarse solo de pasada durante la visita comercial. Tiene que figurar de forma explícita en el contrato.
• La penalización debe ser proporcional, y esto es lo que más se salta en la práctica: si te vas faltando tres meses, no pueden cobrarte lo mismo que si te vas el primer día. El importe tiene que reducirse mes a mes conforme se acerca el final de la permanencia.
• Nunca puede superar el beneficio que la compañía habría obtenido si hubieras cumplido el contrato completo. La penalización compensa un lucro cesante, no es una multa libre.
• El derecho de desistimiento es aparte y es innegociable. Si contrataste a distancia o fuera de un establecimiento comercial, tienes 14 días naturales desde la firma o la instalación para echarte atrás sin dar explicaciones y sin ningún coste, esté o no esté firmada la permanencia.

A esto se suma la Ley 7/1998 de Condiciones Generales de la Contratación, que regula precisamente las cláusulas que el cliente no negocia individualmente —como la permanencia de un contrato de alarma tipo— y que pueden declararse nulas si resultan desproporcionadas o si no se informó de ellas con la claridad exigida.

Cómo se calcula la penalización, con un ejemplo real

La teoría de «proporcional» se entiende mejor con números delante. Movistar Prosegur Alarmas, por ejemplo, tiene su fórmula recogida por escrito en sus condiciones generales de contratación, y es un buen caso de estudio precisamente porque es transparente: la penalización resulta de dividir 499€ (el coste de referencia del equipo y la instalación) entre el número de meses pactados de permanencia, y multiplicar ese resultado por los meses que falten para cumplirla.

Con una permanencia de 24 meses, eso da algo más de 20€ por cada mes pendiente. Si te das de baja habiendo cumplido 18 de esos 24 meses —te faltan 6—, la penalización ronda los 125€. Si te das de baja en el mes 2, con 22 meses por delante, se acerca a los 458€, muy cerca del coste total del equipo. Esa es exactamente la lógica proporcional que exige la ley: cuanto más cerca estás del final, menos pagas, porque la compañía ya ha recuperado más de su inversión inicial.

Este es también el número que debes exigir por escrito a cualquier compañía antes de firmar una baja: la fórmula exacta y el cálculo aplicado a tu caso concreto, no una cifra redondeada de memoria de un teleoperador.

La permanencia de cada compañía, comparada

Cifras contrastadas a partir de condiciones generales y fuentes especializadas del sector. Las promociones puntuales pueden variar estos plazos mediante anexo, así que trátalas como referencia de mercado, no como el número exacto de tu contrato.

¿Y si no devuelvo el equipo?

Este es el concepto que más sorpresas genera, porque casi nunca se explica en la visita comercial: la penalización por incumplir la permanencia y la penalización por no devolver el equipo son dos cosas distintas, y algunas compañías cobran ambas. Si el contrato establece que los dispositivos son propiedad de la compañía —lo habitual cuando el equipo se ha cedido gratis o muy subvencionado—, al darte de baja debes devolverlos o facilitar que un técnico los retire.

Si no los devuelves, algunas compañías aplican un cargo adicional por el valor de los dispositivos no recuperados, que en el caso de Movistar Prosegur se ha situado, según antigüedad del equipo, en una horquilla de entre 405€ y 540€, al margen de la penalización por permanencia. Es un concepto que conviene aclarar por escrito antes de firmar la baja: qué hay que devolver, en qué plazo, quién asume el desmontaje y qué ocurre exactamente si algún sensor queda instalado por accesibilidad de la vivienda.

Tres formas de salir sin pagar penalización

No toda baja anticipada cuesta dinero. Estos tres supuestos son gratuitos en la inmensa mayoría de contratos, y muy pocas veces se explican con claridad en la visita comercial.

Las señales de que te están cobrando de más

• Te cobran lo mismo da igual cuándo te vayas. Una penalización fija, idéntica en el mes 2 que en el mes 22, no cumple el requisito legal de proporcionalidad. Debe reducirse con el tiempo.
• Suman instalación, cuotas y equipo sin descuento alguno. Es habitual que se sumen varios conceptos, pero cada uno debe calcularse de forma proporcional a lo ya amortizado, no como una factura completa desde cero.
• Nadie te enseña la fórmula por escrito. Si un teleoperador te da una cifra «a ojo» y se niega a detallar cómo se calcula, pide que te lo remitan por email o burofax antes de aceptar nada.
• No recuerdas que te informaran de la permanencia al firmar. Si no figuraba con claridad en el contrato o solo se mencionó de pasada, tienes argumentos para reclamar su nulidad ante consumo.
• Te niegan el traslado por mudanza sin motivo razonable. Salvo casos excepcionales, trasladar el equipo a tu nueva vivienda es una alternativa habitual a pagar penalización, y negarla sin justificación es también reclamable.

Si te dicen que «no puedes» darte de baja

Es una situación más común de lo que debería. Ninguna compañía puede negarte legalmente el derecho a rescindir un contrato: lo que sí puede hacer, y hace con frecuencia, es intentar retenerte antes de tramitar la baja. Es la fase que en el sector se conoce internamente como «contraoferta de retención», y conviene reconocerla para no alargar el proceso más de lo necesario.

• Te ofrecen rebajar la cuota si te quedas. Es una oferta legítima si de verdad te interesa seguir, pero no es un requisito para poder darte de baja: puedes rechazarla y continuar con el trámite igualmente.
• Te dicen que tienes que llamar por teléfono y no aceptan la baja por escrito. La vía telefónica es válida en muchas compañías, pero siempre puedes exigir un canal escrito (burofax, email certificado) que deje constancia con fecha, especialmente si sospechas que la baja telefónica «se pierde».
• Te alargan el proceso más allá de lo razonable. La tramitación suele completarse en 15-30 días. Si se prolonga sin explicación, guarda cada comunicación con fecha, número de incidencia y nombre de la persona que te atiende.
• Te insisten en que la permanencia es «innegociable» sin mostrarte el cálculo. Tienes derecho a pedir el desglose económico exacto de la penalización antes de aceptar pagarla. Si se niegan a dártelo por escrito, es motivo razonable para reclamar ante consumo.

Ninguna de estas tácticas es ilegal por sí sola —una compañía puede intentar retenerte, faltaría más—, pero ninguna te obliga tampoco a ceder si tu decisión ya está tomada. Mantente firme, pide todo por escrito, y si el proceso se atasca, una reclamación formal ante la oficina municipal de consumo o la OCU suele desbloquear la situación en pocos días.

Qué hacer si quieres darte de baja ahora mismo

El procedimiento paso a paso, con los canales y los plazos concretos de cada compañía, lo tienes en nuestra guía de cómo darse de baja de una alarma. Lo que aporta esta página es lo previo: saber si lo que te van a cobrar es correcto antes de iniciar el trámite. Si estás valorando cambiar de compañía en lugar de quedarte sin alarma, compara antes las condiciones actuales de cada una en sus fichas: ADT, Movistar Prosegur, Securitas Direct, Sector Alarm, Sicor y Segurma.